La estrategia fallida pegó duro también al PRI: gobierna los tres estados más inseguros del país

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Los tres estados más violentos del país, de acuerdo con el Índice de Paz México 2017, comparten una característica: en la actualidad son gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Guerrero, Colima y Sinaloa –en este orden– lideran la lista de mayor incidencia de delitos a nivel nacional, ya que en esos terruños, el combate a la impunidad, el fortalecimiento de la policía, las estrategias para disminuir las tasas de homicidio, y el papel de los gobiernos locales en la solución del problema –que es lo que mide el índice–, no son suficientes.

Para los analistas consultados por SinEmbargo, el hecho de que el PRI gobierne los estados más violentos no necesariamente indica que la violencia criminal esté ligada, de manera directa, con los manejos del partido. Sin embargo, el aumento general de la violencia en México [que este año, el país alcanzó un récord histórico de homicidios] sí habla de una estrategia fallida en contra de la criminalidad y de la violencia. Fracaso que, inclusive, ha llevado al recrudecimiento del problema a nivel nacional.

Las tres entidades más violentas de la República mexicana [Guerrero, Colima y Sinaloa] son gobernadas por el PRI. Dos de ellas, de acuerdo con el Índice de Paz México 2017, presentan niveles alarmantes de criminalidad: Guerrero es el menos pacífico por cuarto año consecutivo, donde la violencia retornó a niveles de 2011 –62 homicidios por cada 100 mil habitantes–. Y Colima, hoy día, tiene la tasa de homicidios más alta a nivel nacional –77 muertes por cada 100 mil habitantes–.

En total, 11 entidades federativas tienen alto grado de incidencia delictiva, refiere el Índice del Institute for Economics and Peace (IEP), un think tank independiente. Cuatro de ellas son manejadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); tres por Acción Nacional (PAN); y tres más por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sólo una está en manos de un político independiente: “El Bronco”, en Nuevo León.

El problema, en ese sentido, no radica necesariamente en quién gobierna la entidad, sino en cómo se está aplicando la estrategia nacional de seguridad pública, tanto a nivel local como nacional, refieren analistas consultados por SinEmbargo. Empero, uno de los problemas centrales del combate a la violencia se ve reflejado en “la debilidad institucional de los gobiernos locales, tanto estatales como municipales”, mencionó el doctor David Morales González, especialista en procesos políticos de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Para él, la corrupción y la impunidad, sumados a la “falta de una estrategia eficaz por parte de las fuerzas federales”, hacen que el combate a la violencia esté fallando.

“No sólo se trata de una política policiaca y de de fuerza, sino que tiene que ver con miras a las causas sociales de la violencia”, explicó.

Este año, la sangría no se detendrá en México. Incluso, el mes pasado, llegó a alcanzar niveles históricos desde que en 2006, durante el mandato del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, diera inicio la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

En el primer semestre de 2017, con más de 12 mil asesinatos, la administración de Enrique Peña Nieto, que se encuentra en la recta final de su ejercicio, tuvo 16 por ciento más homicidios que durante ese mismo periodo de 2011 -el más violento en los últimos once años… hasta hace poco-, refieren datos de la organización civil Semáforo Delictivo.

© Proporcionado por Sin Embargo
México rompió un récord infame y las cifras oficiales, asimismo, lo corroboran. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y octubre de este año, se registraron cuando menos 20 mil 878 homicidios dolosos; esto es ocho por ciento más que en el mismo periodo de 2011 [19 mil 347] y 15.3 por ciento más que en 2012 [18 mil 102].

Sin embargo, la estrategia del Gobierno federal sigue siendo la misma que la de 2006, sin que haya logrado contrarrestar -de acuerdo con las cifras oficiales- los efectos de la violencia. El “fuego contra fuego” es la dinámica vigente. La guerra interna tiene impactos económicos abrumadores –3.07 billones de pesos en 2016, refiere el IEP– y el Gobierno federal sigue destinando más recursos para combatir, con plomo, al crimen organizado.

Entre 2013 y 2017, sólo el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el Programa de Seguridad Pública tuvo un aumento presupuestal de 12.3 por ciento [una diferencia de 344 millones 169 mil 580 pesos], indican los montos aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A pesar de mantener a los soldados en la calle, la tasa de homicidios dolosos en el país, hasta octubre de este año, fue 6.1 puntos superior a la del mismo periodo en 2006. Asimismo, las tasas de extorsión y de secuestro aumentaron en 0.97 y 0.9 puntos, respectivamente.

No obstante, la tasa de delitos con violencia ha disminuido a nivel nacional -este año fue 9.2 por ciento menor que el anterior, según datos del IEP-. A pesar de ello, la situación de violencia en nuestra nación es crítica.

“En la últimas décadas ha habido un incremento significativo en el número total de muertes por conflictos internos” a nivel mundial, refiere el índice Global de Paz de este año. “El segundo país que más se ha violentado -después de Siria- es México”, recalca. Inclusive más que países como Afganistán, Irak y Yemen.

En este clima de inseguridad, de las 14 entidades que gobierna el partido Tricolor en la actualidad, cuatro [Guerrero, Colima, Sinaloa y Zacatecas] tienen niveles altos de violencia y cinco [Sonora, Oaxaca, Jalisco, Estado de México y San Luis Potosí] se mantienen en nivel medio, refiere el IEP.

Las entidades gobernadas por el PAN, empero, no se quedan atrás. Baja California y Baja California Sur ocupan los lugares cuarto y quinto como las más violentas del Índice, a nivel nacional. De los 12 estados blanquiazules, tres -incluyendo Chihuahua- tienen alto grado de criminalidad y seis [Guanajuato, Tamaulipas, Durango, Puebla, Aguascalientes y Veracruz] presentan un nivel medio.

Asimismo, de los cuatro estados gobernadas por el PRD -sin considerar aquellas en que gobierna en coalición con el PAN-, tres son preocupantes por sus elevados márgenes de violencia [Morelos, Michoacán y la Ciudad de México]; y una más [Tabasco] se mantiene en nivel medio. Por lo demás, el único gobierno independiente a nivel federal –el de Nuevo León– se posiciona como el octavo estado más violento del país.

Para Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, la relación entre la violencia criminal y una determinada administración –en este caso, los gobiernos de los estados– “es relativa”, ya que entran en juego diversos órdenes de gobierno. En su opinión, es necesario establecer, primero, si existe una relación entre el grado de criminalidad y de violencia, en una zona o “dominio político” específico.

Sin embargo, reconoce que en México “tenemos una visión primitiva del fenómeno [de la violencia criminal], en donde solamente se persigue y se descabezan líderes de organizaciones, o se enmarca un número determinado de objetivos para neutralizarlos”. Por ello, dice, “lo que vemos es un fracaso de esta óptica. Y no solamente un fracaso, sino un recrudecimiento del fenómeno de la violencia en el país”.

LOS GOBIERNOS MÁS VIOLENTOS SON DEL PRI

Guerrero, Colima y Sinaloa comparten características similares: en la actualidad tienen administraciones priistas; son los estados más violentos en el país –según el Índice de Paz México 2017–, y la violencia, de acuerdo con las cifras oficiales, no ha parado de asediarlos.

Para resolver la violencia ligada a la criminalidad, “hay que actuar para resolver problemas añejos como la marginación y el desempleo”, explicó el doctor Morales de la UNAM. También está el tema de la administración de justicia. “Hay un grado elevado de impunidad; el Estado de Derecho está débil y eso permite que no se inhiban las condiciones del delito”, abundó.

Asimismo, dijo que la prevención es lo más importante, aunque la están dejando del lado. “Eso tiene que ver con ir a las causas del problema y no con atacar necesariamente al problema de manera frontal con armas […]. Requerimos ir formando a las nuevas generaciones en una cultura de la convivencia y de la paz; pero también de oportunidades [empleos y combate a la pobreza], educación y una mejor formación”, comentó.

Guerrero es la entidad más violenta de México y no ha dejado de serlo, por lo menos, desde 2013. Según la información del SESNSP, del cierre de 2013 al de 2016, la incidencia delictiva se redujo en 7.8 por ciento. En contraste, entre 2007 y 2012, la criminalidad aumentó casi en 63 por ciento.

Lo anterior indicaría que las administraciones del PRD [2012-2015] y del PRI [2015-presente], en el actual sexenio, no han dado suficientes resultados en materia de combate a la violencia a nivel local. Y el actual Gobernador de Guerrero, el priista Héctor Astudillo Flores, no habría logrado sostener la promesa del Gobierno federal, que en septiembre de 2015, en la voz del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, anunció mejoras a partir del fortalecimiento de la seguridad con un aumento en la presencia de las fuerzas federales en la entidad.

Colima, de 2013 a 2017, no ha superado el aumento en la violencia que sufrió a raíz de la guerra contra las drogas –aunque ha dado pasos importantes, según las cifras–. Sin embargo hoy, al estado que antes fuera orgullo de paz a nivel nacional, lo carcomen los exabruptos. Desde 2013, ha sido manejado por tres priistas: Mario Anguiano Moreno [2009-2015], Ramón Pérez Díaz [interino de 2015 a 2016] y José Ignacio Peralta Sánchez [2016-presente].

El año en que Felipe Calderón dejó la Presidencia de la República [2012], Colima tenía más incidencia delictiva que en 2007 -el primer año de mandato del político panista-. En menos de seis años, la criminalidad repuntó en 17.5 por ciento. Al cierre de 2013, durante la gestión de Anguiano, los registros de delitos en la entidad decayeron en casi un 11 por ciento. Para 2016, el decremento ascendió al 13.1 por ciento.

No obstante, entre 2012 y 2016, las tasas de homicidios y de extorsión en la entidad, por cada 100 mil habitantes, han ido al alza: en 29.35 y 7.43 puntos, respectivamente.

En Sinaloa, en cambio, existen resultados de mejora en materia de combate al crimen, según el Índice de Paz y las cifras del Secretariado. Entre 2007 y 2016, tiempo en que corrieron las administraciones del priista Jesús Aguilar Padilla [2004-2010] y del panista Mario López Valdez [2010-2016] –mejor conocido como “Malova”–, los ilícitos decayeron en casi un 14 por ciento. Asimismo, las tasas por cada 100 mil habitantes de homicidio doloso, secuestro y extorsión han ido a la baja en los últimos cuatro años, en 9.06, 0.73 y 0.84 puntos porcentuales, cada uno.

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