El SAT podría congelar cuentas bancarias sin orden judicial

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Cualquier persona puede ser incluida en la lista para congelar sus cuentas bancarias, basta una simple sospecha de la Unidad de Inteligencia Financiera; es más, esta instancia que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público adquiere facultades ilimitadas para convertirse en fiscalía, con atribuciones de investigación y persecución de delitos para señalar culpables sin que existan juicios o sentencias de por medio.

Así resumieron diputados priistas, la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, misma que votaron en contra, por considerar que viola principios constitucionales, ya que un congelamiento de cuentas bancarias ordenado desde la Secretaría de Hacienda es inconstitucional, vulnera el principio de seguridad jurídica, presunción de inocencia, imparcialidad y el debido proceso.

La diputada Dulce María Sauri Riancho ejemplificó en tribuna como, fácilmente, una persona puede ver congeladas sus cuentas bancarias sin previo aviso y se refirió en concreto al caso del cantante Enrique Guzmán quien, a través de un twitter, manifestó: “Presidente López Obrador, porqué el SAT decide, sin ninguna justificación, despojarme de mi patrimonio a mis 76 años de edad, sin explicación; ahorros de toda mi vida”.

Por ello, Sauri Riancho pidió revisar la redacción de la ley que se pretende aprobar, porque a todos nos puede pasar en cualquier momento, somos sujetos políticamente expuestos y un día que vayamos al cajero automático puede rebotar la tarjeta, porque nos congelaron la cuenta.

La legisladora expuso, en nombre del Grupo parlamentario del PRI, razones por las que no era viable votar a favor, entre las que destacan, el ignorar resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no convalidó facultades a Hacienda para congelar cuentas bancarias sin el debido procedimiento jurídico y pretender dar atribuciones a la Secretaría y a la Unidad de Inteligencia Financiera para actuar como ministerios públicos, contradiciendo el artículo 21 constitucional.

“Aprobar el dictamen implica fomentar la violación de derechos humanos; aumentar la discrecionalidad de las autoridades, la Unidad de Inteligencia Financiera de ser una institución creada para recibir, analizar y diseminar reportes de inteligencia para la prevención de delitos, la estamos convirtiendo en una fiscalía con atribuciones de investigación, persecución de delitos para señalar, sin que existan juicios o sentencias, quién es culpable”, dijo.

La Ley de Instituciones de Crédito establece que las instituciones bancarias realicen las notificaciones, cuando debe corresponder a la autoridad competente, asimismo la Unidad de Inteligencia Financiera podrá actuar como juez y parte, sería la responsable de promover acciones de extinción de dominio de las cuentas bloqueadas.

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