La PGR abrió una carpeta de investigación respecto a la intervención ilegal de comunicaciones que habría realizado el gobierno mexicano en contra de periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos.

Con relación a las notas publicadas en varios medios de comunicación nacionales e internacionales, respecto de la intervención ilegal de comunicaciones que habría realizado el gobierno mexicano contra de periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos, la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) abrió una carpeta de investigación.

Lo anterior por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos, previstos en los artículos 177 y 211 bis 1 del Código Penal Federal.

La PGR precisó que, como parte de la investigación, se llevarán a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias, como el análisis de números telefónicos afectados, identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por los denunciantes, la geolocalización de los equipos que remitieron los mensajes, así como la forma en la que opera este tipo de malware, aunado a la identificación de las aplicaciones instaladas en los dispositivos.

Se investigará los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos y se les solicitará informen a qué dependencias federales o estatales y en su caso a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipos.

La PGR rechazó enérgicamente las intervenciones ilegales de comunicaciones, Además de considerar que en relación con la denuncia presentada por un grupo de personas que han señalado haber sido afectadas por estos delitos, la FEADLE garantiza el derecho de los denunciantes para coadyuvar en la investigación por sí o a través de sus representantes.

La denuncia, rechazada por la Presidencia de México argumentando que no existen pruebas del delito, apunta al presunto uso de un software de espionaje que se vende exclusivamente a gobiernos para combatir a terroristas y narcotraficantes.

Según la investigación, el espionaje contra defensores de derechos humanos, periodistas de investigación y activistas anticorrupción, se efectuó utilizando un tipo de malware provisto por una firma israelí, que cuenta entre sus clientes al Ministerio de Defensa Nacional de México y a la misma fiscalía general.

El malware envía mensajes SMS desde direcciones o dominios falsos supuestamente pertenecientes a servicios de noticias, redes sociales y hasta la embajada de Estados Unidos, acompañados de enlaces maliciosos que al ser abiertos por el usuario permiten la infección del dispositivo, reveló la investigación.

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