El terremoto del 19 de septiembre dejó entre su devastación inmuebles con anuncios espectaculares colapsados o con riesgo de caer. Son la consecuencia de una escasa coordinación entre las autoridades encargadas de otorgar los permisos de colocación y verificar que la estructura y el anuncio cumplan con la normativa aplicable.

Los gobiernos delegacionales y el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) son las autoridades directamente involucradas con la correcta operación de ese tipo de anuncios. Pero ocurre que una mínima comunicación entre ellas permite a los particulares burlar la ley.

Habitantes de distintas zonas de la ciudad afectadas por el sismo de hace una semana denuncian en redes sociales los riesgos que podrían provocar los espectaculares dañados. Y la autoridad aún no ha informado una cifra oficial de cuántos de esos anuncios resultaron afectados por el terremoto de 7.1 grados que sacudió la Ciudad de México.

La Seduvi, el Invea y las demarcaciones territoriales intentan sujetar a los anunciantes y a los promotores de esos espacios a la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México.

Las zonas del desorden

En las avenidas, calzadas y calles que cercan los corredores Cuauhtémoc, Constituyentes, Vallejo y Universidad la autoridad estima que es donde los anunciantes más se “brincan” la regulación. Las zonas aledañas a los corredores Cuauhtémoc y Universidad es donde el sismo de 7.1 grados del martes 19 de septiembre dejó más llanto por los fallecidos.

En esos corredores organizaciones civiles estiman que 7 de cada 10 de los anuncios tienen algún tipo de irregularidad, más allá de que se encuentran a una distancia menor a los 250 metros uno de otro, el mínimo establecido en la legislación vigente.

Se calcula que, en el último lustro, el número de anuncios espectaculares en la Ciudad de México se incrementó 33 por ciento.

El gobierno de la Ciudad de México cifra en 4,160 los anuncios espectaculares desplegados a lo largo de la urbe. Julio Antonio Cobos, del despacho Fernández, Cobos y Asociados, cree que la cifra es menor a la real.

“Este tema tendrá que abordarse. No es posible que con un sismo se revise un problema de siempre. Hay una descoordinación tal entre autoridades que permite a los particulares eludir la legislación aplicable”, dijo Cobos.

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