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La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sofía Velasco, hizo ayer un llamado al gobierno estatal para valorar la clausura del penal del Topo Chico o bien transformar las instalaciones, protocolos, medidas y personal penitenciario, a fin de que sean efectivos para el control y la garantía de la vida y la reinserción.

La propuesta forma parte de una serie de sugerencias planteadas, en un informe especial sobre dicho centro penitenciario, el cual se divide en seis ejes de acción de acuerdo a los derechos humanos, que deben ser garantizados a las personas privadas de la libertad.

Velasco Becerra llamó también a ponderar la necesidad y efectividad de construir un nuevo centro penitenciario o la adaptación del actual como un sitio, en donde se concentren instancias judiciales y sociales necesarias para el adecuado funcionamiento del nuevo Sistema de Justicia Penal.

El informe menciona las responsabilidades normativas del Estado vinculadas a la salvaguarda del derecho a la vida, el trato digno, la salud, la reinserción social y las actividades productivas y normativas.

Destacó que los mencionados derechos no son garantizados al interior del centro debido a las malas condiciones de las instalaciones, el personal de custodia y técnico insuficiente, así como la falta de control en la separación de la población penitenciaria.

La titular de la CEDH Nuevo León reveló que se ha confirmado el hacinamiento en las visitas constantes del organismo al penal Topo Chico, donde en el transcurso del año se han presentado dos ataques entre grupos rivales de internos, con saldo de 52 muertos.

También se han detectado deficiencias estructurales y funcionales, en las reglas de operación del mismo, y múltiples carencias de recursos físicos, económicos y de personal para la atención a necesidades de la población, especialmente las personas internas con algún tipo de enfermedad y a las mujeres.

Detalló que el citado informe será remitido a la autoridad estatal para que sea un instrumento de análisis en la formulación de estrategias de seguridad.

Puntualizó que también será enviado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como parte de las evidencias para el desarrollo de investigación relacionadas a los centros penitenciarios de Nuevo León.

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