Un levanton más en la ciudad

OAXACA, Oax.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) investiga el caso de dos mujeres policías de tránsito que fueron desnudadas, tocadas en sus partes íntimas y auscultadas por autoridades de Santa Lucía del Camino, luego de que pretendieron “infraccionar” al regidor de Hacienda Jorge Alberto Gamiño García en un operativo de alcoholimetría.

El organismo inició el expediente DDHPO/943/(01)OAX/2016 en el que son denunciados Gamiño García; el director de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Pedro Francisco Cruz, y la policía primera encargada de Vialidad, Flor de María Peralta, todos del municipio señalado.

Además de ser vejadas y violados sus derechos humanos, las mujeres policía fueron obligadas a firmar hojas en blanco, razón por la cual la DDHPO emitió medidas cautelares ante posibles abusos de poder, y solicitó a los funcionarios señalados que se abstengan de presionar a las agentes para que renuncien.

Las afectadas relataron que la madrugada del sábado 16 participaban en el operativo de alcoholimetría en Santa Lucía del Camino, y ahí le marcaron el alto a un vehículo modelo Atos. Al acercarse a la unidad se percataron de que el conductor tenía aliento alcohólico, por lo que le solicitaron presentar sus documentos.

El sujeto se negó y de manera agresiva se identificó como chofer del regidor de Hacienda de Santa Lucía del Camino, quien ocupaba el asiento del copiloto. Una de las agentes dijo que el conductor le ofreció dinero para que lo dejara continuar, pero ella se negó.

Y como sus jefes les han dado la instrucción de que cuando intercepten en el alcoholímetro a trabajadores del municipio sólo les hagan “recomendaciones”, eso fue lo que hicieron y los dejaron pasar el filtro sin que mostraran sus documentos.

Sin embargo, el regidor de Hacienda y su chofer acudieron a la sede policíaca del municipio para quejarse de las agentes viales, con el argumento de que les habían quitado dinero. De inmediato, el director de Seguridad Pública municipal dio la instrucción de detener y revisar a las dos mujeres.

Policías encargados de vialidad las detuvieron en el mismo sitio del filtro, las pusieron contra una pared, las revisaron sometiéndolas a tocamientos en todo el cuerpo, y las obligaron a quitarse las botas, calcetines, suéter y billeteras, sin encontrar el dinero que buscaban.

Las dos afectadas refirieron que después de esa agresión las trasladaron en una patrulla a las oficinas del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino y ahí les ordenaron desvestirse completamente. Ya desnudas les ordenaron hacer sentadillas y después las regresaron a donde se encontraban realizando el alcoholímetro.

No obstante, el comandante Pedro Francisco Cruz insistió en que les entregara el dinero que supuestamente habían robado al regidor, o de lo contrario que solicitaran su baja voluntaria antes de que procediera contra ellas, “porque se iban a manchar sus documentos”.

Las quejosas respondieron que no habían tomado ningún dinero, pero en la corporación las obligaron a firmar dos hojas que sólo contenían sus nombres completos, por lo que temen que las usen en su contra.

Ambas recurrieron a la DDHPO para pedir que investigue la acción de los citados funcionarios. En consecuencia, el organismo solicitó al encargado de la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, Carlos Girón Navarrete, instruir a los servidores públicos involucrados para que en un plazo de cinco días hábiles emitan un informe detallado para dar seguimiento al caso.

También demandó la adopción de una medida cautelar, consistente en instruir a esos servidores públicos para que se abstengan de causar actos de molestia a las agraviadas que carezcan del debido fundamento y motivos, y específicamente que eviten coaccionar a las peticionarias para que renuncien a su empleo.

De igual manera, solicitó que de no existir impedimento legal se permita el ingreso de las denunciantes a su centro de trabajo, ya que de lo contrario los funcionarios municipales podrían incurrir en responsabilidad administrativa o incluso penal, según lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.

La Defensoría advirtió al encargado de la presidencia municipal de Santa Lucía que la falta de rendición de informes que solventen la medida cautelar o el retraso injustificado en su presentación tendrán como efecto que se tengan por ciertos los hechos reclamados, salvo pruebas en contrario.

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