Los periodistas que cubren los hechos de violencia en los estados en los que el narcotráfico tiene una mayor presencia en México son uno de los actores más afectados por esta connivencia entre el crimen organizado y las agencias de seguridad que se ve alentada por el apoyo del gobierno estadounidense a la guerra contra las drogas.

La ayuda brindada por el gobierno estadounidense en la lucha contra las drogas en México continúa llegando a las agencias de seguridad del Estado mexicano, a pesar de que el gobierno del país del norte se encuentra al tanto de que estas instituciones suelen tener prácticas de abuso de autoridad y de colusión con la delincuencia organizada.

Los periodistas que cubren los hechos de violencia en los estados en los que el narcotráfico tiene una mayor presencia en México son uno de los actores más afectados por esta connivencia entre el crimen organizado y las agencias de seguridad que se ve alentada por el apoyo del gobierno estadounidense a la guerra contra las drogas.

De acuerdo con el sitio web, los periodistas asesinados en México son aquellos que están comprometidos en “documentar la corrupción política y las relaciones del Estado con el tráfico de drogas”. Éste fue el caso de Javier Valdez, cofundador del semanario Ríodoce, quien fue asesinado a plena luz del día supuestamente por haber publicado una entrevista con uno de los enviados de Dámaso López, El Licenciado, líder de una de las alas en las que se dividió el Cártel de Sinaloa después de la captura de Joaquín el Chapo Guzmán.

“Una semana antes del asesinato de Valdez, el Comité para la Protección de los Periodistas sacó a la luz un reporte en el que detalló los recientes asesinatos de periodistas y las fallas en el procesamiento de estos crímenes”, refiere The Intercept. El gobierno mexicano ha registrado desde el 2000 el asesinato de 114 periodistas, sin embargo, sólo 48 de estos crímenes han sido investigados, de los cuales tres han resultado en una condena.

También el gobierno estadounidense ha hecho referencia a los constantes ataques en contra de periodistas y a la impunidad con la que el gobierno de México trata estos delitos.

Según el informe sobre derechos humanos en México del Departamento de Estado: “A veces los periodistas son objeto de ataques físicos, hostigamiento e intimidación debido a sus informes. Los autores de la violencia contra los periodistas siguieron actuando con impunidad con pocos informes de investigación, detención o enjuiciamiento de sospechosos”.

Desde el 2010, año en el que la guerra contra el narcotráfico alcanzó su punto más álgido, el gobierno estadounidense hizo de conocimiento público que las organizaciones criminales en México actuaban con “casi total impunidad” frente a los miembros de las agencias de seguridad mexicanas. “Sin embargo, la capacitación y la asistencia de los Estados Unidos continuaron en la región”.

“La búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia de la guerra contra las drogas ha sido dirigida por periodistas y por los familiares de las víctimas, y no por las agencias gubernamentales que reciben ayuda de Estados Unidos. Y con demasiada frecuencia han sido silenciados

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