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Entrevista al Gral. José Carlos Beltrán Benítez | Director General de Derechos Humanos de la Sedena |

El expresidente Felipe Calderón lanzó la guerra antinarco y sacó a las Fuerzas Armadas a las calles para realizar tareas de seguridad pública, contradiciendo el artículo 129 de la Constitución. Los resultados fueron desastrosos: violencia imparable, desapariciones, familias desplazadas, horror y muerte. Fue un sexenio sangriento que aún padecemos.

Hace casi un año, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, admitió, en entrevista con El Universal, que las labores de seguridad pública han provocado costos altos: “no nos sentimos a gusto haciendo funciones de policía”.

Esta sensación de malestar continúa presente entre los militares. El ambiente castrense se tornó tenso cuando se exhibió, por medio de un video, a integrantes del Ejército torturando a Elvira Santibáñez —vinculada con La Familia Michoacana— en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, el 4 de febrero de 2015.

El discurso inédito del titular de la Defensa Nacional fue contundente: “En nombre de todos los que integramos esta gran institución nacional, ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada, por este inadmisible evento… Se actuó sin dilación, con prontitud y contundencia a partir de conocerse el hecho, llevando ante los tribunales militares a los implicados para que respondan por los delitos del orden militar”.

Para el general José Carlos Beltrán Benítez, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ese acto es deleznable y acusa a las autoridades estatales y municipales por no asumir plena responsabilidad en el combate contra la inseguridad.

“¿Dónde están esos directores de seguridad pública y jefes policíacos? ¿Tienen una investigación por el ejercicio indebido de sus funciones por aliarse con el narco? ¿En dónde están aquéllos que no hicieron su tarea? Esta situación no es de ahora, ni se presenta en dos o tres lugares. Es un problema donde el narco ha mutado en secuestro, pago de piso, y ¿quién lo permitió? Alguien dejó de hacer su trabajo, y no fuimos los militares.”

Nos preocupa y nos compromete

¿Cuál fue su reacción cuando vio por primera vez el video de tortura contra Elvira Santibáñez?

Como bien lo expresó mi general secretario fue un hecho deleznable, que nos preocupa y nos compromete a atender este caso. Implica el fortalecimiento y mayor sensibilización de nuestros miembros de no repetir esos actos.

¿Por qué aseguran que estos hechos de tortura son aislados? ¿Si no hay video no suceden violaciones a derechos humanos?

Todas las situaciones contrarias al Estado de derecho existen en México y en el mundo. Hay violencia en todos los países, hay situaciones que agravian a los propios estados e instituciones. No quiero decir que es un mal de muchos…, pero sí señalar que es una circunstancia de una sociedad activa y cambiante, en donde hay situaciones que se escapan. Somos humanos y lo que nos corresponde es generar acciones que nos garanticen ajustar conductas y que no se comentan violaciones a derechos humanos.

¿Afectó ese video la imagen del Ejército?

Creo que queda patente una cosa: el compromiso de las instituciones a la legalidad y a la actuación inmediata. Somos un ejemplo, en este hecho, de cómo se actúa inmediatamente contra los probables responsables. Unos cometieron estos deleznables hechos, otros cometen hasta defraudaciones económicas y ¿dónde están? Es muy fácil acusar a los militares de casos y situaciones como la inseguridad pública. Estamos realizando una función de apoyo a quienes no han podido resolver el problema de la inseguridad pública en el aspecto municipal y estatal. ¿Por qué no se ha arreglado?

¿Sugeriría un cambio de estrategia en la lucha antinarco, que el Ejército regrese a los cuarteles…?

No precisamente, no es una función militarizar la seguridad pública. Si nosotros investigáramos, los recluyéramos en prisiones militares, y lleváramos ante jueces militares a esos delincuentes y narcos, como si fuera una condición de excepción o de ausencia de las autoridades civiles, hablaríamos de otra situación. Éste no es el caso, hay que coadyuvar en este problema que afronta el país.

¿Qué aspectos debe saber y cumplir el militar que esté en labores de seguridad?

Es indiscutible que, al participar el Ejército y Fuerza Aérea en estas funciones de apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad, tuvimos que readecuar nuestros aspectos doctrinarios a estándares internacionales, como el uso de la fuerza. Esto nos permitió emitir un manual de uso de la fuerza, incluso fuera del código de justicia militar que es para las tres fuerzas, llámese Ejercito, Fuerza Aérea y Armada. Tenemos principios para poder actuar ante una situación de amenaza inminente en la evolución de la propia delincuencia organizada.

¿Hubo reticencia de militares a estas adecuaciones en materia de derechos humanos?

Una de las características principales que tenemos los militares es que nuestro adiestramiento es constante y permanente. Esto nos permite adecuarnos a la naturaleza de las acciones. No sólo en el empleo del armamento, sino también en la adecuación de nuestro adiestramiento para atender a la población civil en diversos casos. En el asunto de los derechos humanos, es una función muy particular y especial que implicó colaborar, pedir apoyo y asesoría técnica de instancias nacionales e internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Oficina en México del Alto Comisionado en Derechos Humanos.

Las sentencias de la Corte

¿Cuántos juicios conoce la Defensa Nacional en donde organismos han interpuesto quejas contra personal militar por supuestas violaciones a derechos humanos?

En México, que está sujeto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por la Comisión Interamericana y la Corte, el Estado mexicano ha conocido casos en donde se ha visto involucrado directa o indirectamente personal militar en cuatro sentencias de la Corte Interamericana. La atención que se le da se realiza de manera conjunta con las distintas secretarías, como la Cancillería y Gobernación. Las sentencias que se emiten no son contra el Ejército, sino contra el Estado mexicano.

¿De qué se les acusa regularmente a los militares que se encuentran en funciones de seguridad pública en esta lucha antinarco?

Al participar con mayor intensidad en apoyo a las autoridades civiles en tareas de seguridad, se dan temas como detenciones ilegales, abuso de autoridad, incluso tortura o desaparición forzada. Han sido acusaciones en donde se ha tratado involucrar a militares —sabemos que sí ha habido una participación y responsabilidad— y las propias autoridades han conocido esos hechos.

¿Nos puede hablar de un caso en donde personal militar estuvo involucrado en violaciones de derechos humanos, y que fue un parte aguas en el interior de la Sedena?

Hay casos con esta situación, casos relevantes que han tenido una consecuencia importante, como el caso Rosendo Radilla, donde se emitió una sentencia al Estado mexicano por la desaparición forzada en 1974 de esta persona. Se emitió una primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde establece reparaciones del daño, búsqueda, incluso de ahí se deriva la restricción al fuero militar.

El director de Justicia Militar afirmó que defensores vician procesos penales alegando violaciones de derechos humanos por parte de militares, ¿es así?

Cuando una persona se enfrenta a una acusación formal ante un tribunal penal, tiene elementos para su defensa y no podemos descartar que los abogados busquen mecanismos legales: acusar a quienes me detuvieron, demandar la ilegalidad de mi detención. No deja de ser una práctica ordinaria, sin denostar a abogados y organizaciones. Esto se refleja en cuanto al tema de las quejas contra el Ejército en materia de derechos humanos, no todas llegan a recomendación. De un 100% sólo el 0.33% llegan a recomendación. En el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 15 de abril de 2016, se han notificado por parte de la CNDH 2 mil 164 quejas, de las cuales mil 848 han sido concluidas sin responsabilidad y únicamente 7 han concluido en recomendación. Hay 316 quejas que aún están en trámite. Del 2012 al 2015, se ha logrado una disminución de las recomendaciones de 15 a tan sólo 2. En lo que va de 2016 sólo hay una recomendación emitida a la Sedena.

Por otra parte, en el caso Ayotzinapa, ¿cuál fue la participación del Ejército, específicamente del 27 Batallón de Iguala?

En el caso concreto de los hechos lamentables de Iguala, las tropas estaban atendiendo, en esos momentos, una función de apoyo a las autoridades civiles porque se había volcado un camión, un tráiler, que absorbió la mayor parte del tiempo, y no se percataron de los hechos que se dieron en el contexto de la detención y de los enfrentamientos que tuvieron las policías con los estudiantes. Nadie pudo preveer, en el caso de las autoridades militares, que eso iba a pasar, para eso está la función inmediata de la autoridad local y estatal, porque es un tema local. Y quiero dejar algo en claro, a propósito de los pronunciamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI): el personal militar que de alguna manera tuvo conocimiento o actuó en su momento ha ido a declarar más de 4 veces, han ido a declarar más de 20 militares ante el ministerio público que es el órgano facultado para requerirles su testimonio, han entregado material fotográfico que ya está en la propia investigación, que ya se puede consultar. No tenemos participación de responsabilidad por la desaparición de los jóvenes, porque antes de nosotros están las autoridades civiles.

Hechos aislados

“La pena dependerá de cada caso, no existe una penalidad concreta u homogénea. Quiero precisar que el personal militar, además de estar sujeto al fuero de guerra, estamos sujetos al fuero federal, al fuero común y a la responsabilidad de los servidores públicos del ámbito federal.”

¿Qué sintió cuando vio el video donde es torturada Elvira Santibáñez en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero?

Institucionalmente no fue algo muy agradable, pero me dio gusto que mi general secretario Salvador Cienfuegos haya manifestado que nosotros somos respetuosos de los derechos humanos porque, efectivamente, así es.

¿Cómo recibieron internamente el mensaje del titular de la Sedena?

Fue un mensaje dirigido, en especial, al pueblo de México, independientemente de que se haya canalizado al personal militar en toda la república. Debemos respetar los derechos humanos y servir a la sociedad. Esos actos aislados generan una percepción equivocada de las acciones que verdaderamente realiza la Secretaría de la Defensa Nacional; esos actos fueron aislados e individuales, motivados no sé por qué; no se van a permitir ni a tolerar.

¿Cómo comprueban si algún elemento del ejército participó o no en un acto de tortura?

La Secretaría de la Defensa Nacional ha capacitado abogados, médicos, en lo que se denomina el Protocolo de Estambul. Este protocolo rige los parámetros para determinar si un militar o civil fue sometido a actos de tortura, y eso nos va a servir no sólo como parte de un procedimiento penal, sino también para implementar líneas de acción en materia del respeto a los derechos humanos. Se realizan distintas tareas en los centros de adiestramiento para evitar que se vuelvan a cometer ese tipo de actos que ponen en un muy mal lugar a la institución. Cabe precisar que estamos hablando de actos aislados e individuales, no son actos colectivos.

Ese acto de tortura donde participan dos militares, ¿cómo afecta la imagen del Ejército?

Lamentablemente tiene un impacto, pero precisamos que la credibilidad de las fuerzas armadas sigue siendo muy alta, ¿por qué? Porque hacemos más de lo que permite nuestra estructura y organización, estamos en todos los rincones del país: en la sierra, en la costa, en las ciudades, estamos presentes sirviendo al pueblo de México.

Somos parte de la sociedad

Sin embrago, integrantes del Ejército también estuvieron involucrados en otros casos violentos como el de Ayotzinapa y Tlatlaya…

La sociedad debe estar consciente de que todos los integrantes de las fuerzas armadas están siendo capacitados, adiestrados, para respetar sus garantías individuales y derechos humanos. No por hechos aislados como los que menciona puede juzgarse a una institución. No se debe determinar como el “Ejército hizo”, sino “miembros del Ejército” cometieron un error o delito. Fueron elementos que han sido sancionados y consignados en la justicia militar. No podemos perder de vista que somos parte de la sociedad, que también tenemos familia e hijos, y que en el combate a la delincuencia organizada siempre va a estar presente el respeto a los derechos humanos.

En las funciones de seguridad pública que realizan, ¿les ha costado trabajo adaptarse en labores distintas a las militares? ¿Cómo ha sido este proceso de salir a las calles y respetar los derechos humanos?

Ha sido un proceso de constante capacitación. Es permanente la capacitación para el respeto de los derechos humanos. Ahí está implícito todo el respeto que le debemos a la ciudadanía. Tenemos los derechos humanos como columna vertebral, además de la disciplina militar, para el buen funcionamiento del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. La Secretaría de la Defensa Nacional es la única institución a nivel federal y estatal que cuenta con un programa de derechos humanos.

¿Es una regla que abogados y organismos civiles obstruyan procesos penales por posibles violaciones a los derechos humanos?

Son quejas presentadas como parte de la estrategia de algunos abogados y apoyadas por organizaciones no gubernamentales. Los abogados buscan que exista una violación al procedimiento y acusan al personal militar de privación ilegal de la libertad, tortura, o simplemente que no se les permite el libre tránsito.

El sistema de justicia en México es un desastre. En el Ejército, luego de participar en operativos de seguridad, ¿cuál es la reacción cuando ven que algún delincuente es liberado por fallas en el proceso civil?

Nosotros tenemos un procedimiento muy estricto dentro del ámbito del fuero de guerra y no permitimos la impunidad, tenemos un alto porcentaje de sentencias. Esto quiere decir que nuestra procuraduría y tribunales no toleran la indisciplina, es un acto de ejemplo para todos nuestros compañeros. En cuanto al ámbito civil, somos muy respetuosos de los procedimientos civiles.

¿Cuáles son los retos del Ejército en materia de tortura, para que actos como el de Elvira Santibáñez no vuelvan a ocurrir?

Éste no es un tema nuevo para la Secretaría de la Defensa y ha sido abordado con capacitación de nuestros elementos, conferencias, talleres, simposios, encaminados para que el personal militar respete a la población a la cual brindamos nuestro trabajo.

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