COLUMNAS DE OPINION

EXPEDIENTE

NUEVA DISPUTA TERRITORIAL; QUINTANA ROO SE ADELANTO

En la sesión de la XII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, celebrada el pasado miércoles 16 de octubre, se consumó el proceso de creación del décimo Municipio de esa entidad federativa, que se denominará Bacalar, con superficie de siete mil 161.5 kilómetros cuadrados y 139 comunidades, seis de las cuales actualmente pertenecen a los municipios campechanos de Hopelchén (cuatro) y Calakmul (dos).

El decreto del nuevo Municipio quintanarroense se emitió desde la sesión del pasado 2 de febrero (faltaba la aprobación del llamado "Constituyente permanente", es decir, los Cabildos), y fue a partir de entonces que empezó a hablarse del tema, pues el hecho de que pretendiera afectar a dos municipios de otra entidad federativa, implicaba necesariamente una controversia que deberá dirimirse en otra instancia superior, que al parecer, será el Senado de la República.

Lo que llama la atención en este caso, es la falta de información oportuna y precisa de parte de nuestras autoridades estatales, pues en tanto que los representantes del Gobierno de Quintana Roo ya acudieron desde hace varios meses a las seis comunidades campechanas para informarles que "fueron tomadas en cuenta en la creación del nuevo Municipio", en Campeche parece que todo mundo está dormido en sus laureles, pues esperaron a que se consumara el golpe para que intentaran recapacitar.

El sábado anterior, cuestionado sobre este nuevo conflicto limítrofe con Quintana Roo, el gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés fue extremadamente cauteloso en su respuesta. Ofreció "cordialidad, fraternidad, respeto y cooperación" con sus pares quintanarroenses para discutir este tema, y aseguró que la probable controversia constitucional lo afrontará con "madurez y responsabilidad".

No parece ser el mismo lenguaje al usado por los quintanarroenses el gobernador, los diputados, los magistrados, las nuevas autoridades municipales de Bacalar, etcétera- al abordar el mismo tema, pues saben bien que han invadido un espacio geográfico que no les pertenece e intentan apoderarse de unos cuantos cientos de kilómetros, de una zona estratégica, como es la Reserva de la Biosfera de Calakmul.

Lo que llama la atención, se insiste, es la pasividad con que han actuado nuestras autoridades estatales, que juraron defender nuestra Constitución Política, en la que se establece con precisión, cuáles son nuestras jurisdicciones territoriales.

y preocupa, porque por ejemplo, el agente municipal de Pach Huitz, Municipio de Hopelchén, Arselio Chi Góngora, aseguró en declaraciones periodísticas que "no todos, pero sí la mayoría de los habitantes, estamos dispuestos a formar parte de este nuevo Municipio".

Denunció que las pocas obras del Ayuntamiento panista de Hopelchén, son de mala calidad, y reveló la presencia de funcionarios del Gobierno de Quintana Roo por las seis comunidades en disputa, para informarles que "fueron considerados" dentro del nuevo Municipio.

Como se sabe, aún está pendiente la resolución al conflicto de límites, tras la controversia constitucional que interpuso Quintana Roo por la creación del Municipio de Calakmul en 1997, que les habría afectado algunas comunidades, por lo que se espera que el Gobierno de Campeche, "con cordialidad, fraternidad, respeto y cooperación", y también con "madurez y responsabilidad", afronte este conflicto y se ponga las pilas de una vez, antes que le coman el mandado.

Por lo pronto, el comisario ejidal de Xan Ha, Carmilo López Flores, alertó que no se trata aquí sólo de una disputa legal, que pudiera prolongarse y perderse en los vericuetos laberínticos de la legislación mexicana, sino que repercutirá necesariamente en la vida de los 540 habitantes de esa pintoresca comunidad, que será literalmente "partida en dos", ya que las delimitaciones cartográficas tanto de Campeche, como de Quintana Roo, "dividen" a ese poblado por la mitad.

Dice López Flores, sin ser ministro de la Corte, magistrado o senador, que "la mitad quedaría en Quintana Roo y la otra en Campeche".

"La Iglesia Católica, la Comisaría y la escuela de educación preescolar indígena, quedarían en Quintana Roo, y la escuela primaria Joaquín García I, la casa de salud, la palapa que sirve como sala de juntas, el sistema de agua potable y la casa del maestro, serían parte del Estado de Campeche".

Y si usted, amable lector, cree que esto no será mayor problema, entonces comparte la tesis del diputado Víctor Manuel Méndez Lanz, quien luego de recomendar a los quintanarroenses que “se compren un mapa del Inegi, donde señala que es de Campeche y qué de Quintana Roo" declaró que lo bueno de todo esto, es que los habitantes de la franja en disputa, "reciben apoyos de ambas entidades".

Pero no es tan sencillo ni tan simple como los "razonamientos" del diputado Méndez Lanz, por lo que es de esperarse (por lo menos eso desean los 33 mil 408 habitantes de Chan Chen, Chun Ek Xcan ría y Pach Huitz, en el Municipio de Hopelchén, y Bel-Ha y Xpancil en Calakmul), que el Gobierno de Campeche le suba el tono al discurso, y tras la publicación del decreto en el Periódico Oficial del vecino Estado, se proceda por los cauces legales a la defensa de nuestro territorio, pues una cosa es la diplomacia y otra el temor.

LA SECRETARIA GENERAL ¿POSICION DE UTILERIA?

La llegada de la locutora María Dinora Hurtado Sansores a la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del PRI, al lado del ahora conocido como "Chico de los meces" (porque esa era la calificación que obtuvo desde el kindergarden hasta su más reciente posgrado), Miguel Ángel Sulub Caamal, ha desatado toda suerte de opiniones en torno a la (in) trascendencia de ese cargo.

Reservada en los últimos años para una cuota femenina de la isla carmelita -el último secretario general que sí se preocupó por rebasar ese papel de ornato que en ocasiones se les reserva, fue Pepe Gómez Casanova, cuando era presidenta la ahora senadora bailarina Guadalupe Fonz Sáenz¬, por esa oficina han desfilado desde -la recientemente defenestrada Ada Luz Ferrer González, Giacomina Merino Capellini y ahora María Dinora, sin que alguna haya logrado sobresalir de manera importante.

No sólo eso. Por ahí se soltó el chisme de que la razón de que Adda Luz Ferrer haya sido degradada en la Secretaría de Educación, se debió a que intentó boicotear el nombramiento de María Dinora como compañera de fórmula de Sulub Caamal, y que luego de algunas negociaciones, y la ayuda de los amigos, pudo lograr que por lo menos la mantuvieran en la nómina, en una "oficina de Servicios Regionales de Ciudad del Carmen" que, la verdad, se sacaron de la manga.

Lo que se anticipa, sin embargo, es que con Hurtado Sansores en la oficina contigua de Sulub Caamal, los antecedentes de una Secretaría General de utilería parece que se prolongarán ad perpetuam, pues se supone que Miguelito estará en ese cargo por lo menos los cuatro próximos años.

Identificada por ella misma en las redes sociales como conductora y periodista de Visión Canal 10, medio de comunicación propiedad de su esposo Walter Escalante Morcilla; por los políticos carmelitas como "una bonita voz de la radio y la televisión que no sabe nada de política", la fórmula de Miguel Ángel Sulub Caamal para la dirigencia estatal del PRI, es señalada como miembro del grupo de Ricardo Augusto Ocampo Fernández, un fuerte aspirante a la senaduría por el Distrito 02 en las próximas elecciones.

María Dinora Hurtado Sansores es nacida en el Distrito Federal, con residencia desde hace muchos años en la isla del Carmen. Desposada con el comunicador Walter Escalante Morcillo, se ha desempeñado por más de 20 años como locutora en las emisoras de radio y el canal de televisión de su cónyuge. Es desde el 2005 consejera electoral propietaria del Distrito 02 del IFE y su suplente es José Patricio Zavala Cícler. El periodo vence en diciembre de este año.

El 27 de agosto de 2009, después de concluido el proceso electoral de ese año, Sergio Iván Ruiz Castellot, presidente del Consejo Distrital 02 del IFE, manifestó ante los medios de comunicación: "Este Consejo Distrital 02 estuvo conformado por Lucio Pat Fernández, Margarita Méndez Zamora, Elisa González García, Roberto Bolón López, Xavier Pacheco Uc y María Dinora Hurtado Sansores, quienes cumplieron con participar en dos periodos electorales y que para el proceso 2012 deberán renovarse en diciembre del 2011".

Para llenar el inciso (c) de la base sexta de la convocatoria sobre la documentación que deben de presentar los aspirantes a presidente y secretario general del PRI que dice: "Documento mediante el cual se acredita haber desempeñado algún cargo de dirigencia''', por lo que la futura secretaria general priísta, seguramente recurrió a su constancia de haber sido secretaria de Prensa y Propaganda del Comité Municipal carmelita durante la gestión de Ricardo Augusto Ocampo Fernández como presidente de ese organismo.

Los priístas carmelitas vociferan que va a ser más difícil que María Dinora Hurtado Sansores acredite el inciso (al de la misma base sexta de la convocatoria priísta que reza: "Documento mediante el cual se acredita una militancia de al menos siete años". ¿Acaso los consejeros electorales no deben ser apartidistas?

Indudablemente que la "Comisión. Alfaro" tuvo que romperse la cabeza para encontrar a esta secretaria general, pues entre la misma militancia de Ciudad del Carmen corre el rumor que la indicada para el cargo, Juana Rivas Fernández, directora del Fondo Campeche en la isla, no aceptó la invitación para participar en la contienda interna, pues su última experiencia partidista fue ser perdedora del VIII Distrito Electoral local de Carmen ante José Ignacio Seara Sierra.

María Dinora Hurtado Sansores, una cuota para el priísmo de Ciudad del Carmen que ya la mayoría de la militancia rechaza, porque argumentan "que ya no hay razón para que el complemento de la fórmula sea de Ciudad del Carmen, pues se ha recuperado la Presidencia Municipal", llegará a la segunda función más, importante del Partido Revolucionario Institucional sólo con su bagaje de "comunicadora", y hay quien dice que su mayor mérito fue haberse lanzado con todo desde los micrófonos de la radiodifusora donde trabajaba, en contra de José Ignacio Seara Sierra, cuando su hijo fue acusado de secuestro y acopio de armas en el pasado proceso electoral.

En ese entonces, Seara Sierra, candidato a la diputación federal del Distrito 02, aventajaba por más de 15 puntos a su contendiente del PRI, Oscar Román Rosas González.

Al final del proceso electoral, la captura del junior de Seara Sierra y su encarcelamiento, le dieron la vuelta al "marcador" de las elecciones y Rosas González es hoy diputado federal de mayoría. ¿Pago de facturas?

Lo que sea. María Dinora ya está instalada en la Secretaría General del PRI, desde donde empezará a despachar a partir del próximo martes 22 de marzo, con un antecedente de predecesoras, que no le presagian mucha brillantez.

CORRUPCION, COMPLICIDAD Y CINISMO EN INVASION

Veinticuatro horas después del enfrentamiento del antepasado viernes entre dirigentes vecinales del PAN y del PRI, personal y maquinaria del Ayuntamiento de Campeche, bajo mando del director de Atención y Participación Ciudadana, Manuel Angulo Solís, desalojaron de manera violenta a los invasores de un predio en Siglo XXI, destruyendo champas y una pequeña vivienda de bloques.

Desde septiembre del 2010, el polígono, propiedad de la Comuna capitalina, había sido solicitado en donación a las autoridades municipales, y al menos desde diciembre permanecía en manos de familias en presunta situación de pobreza inmobiliaria.

Es decir, se trataba ya de un asentamiento irregular con casi dos meses y medio de existencia, no de un intento de invasión, por lo que todo indica que el presidente municipal incurrió en un descarado abuso al recuperar el predio mediante el uso de maquinaria pesada y personal oficial.

El desalojo, que no "limpia" como le llamó el director de Atención y Participación Ciudadana, Angulo Solís, por supuesto, provocó la inconformidad de los afectados, que acusaron corrupción del alcalde, Rosado Ruelas, del propio Angulo, y de otros servidores públicos de su área.

Los desalojados, encabezados por la presidenta de la Junta Vecinal priísta. Esperanza Estrada Balán, destaparon la cloaca y aseguraron que la de Siglo XXI es en realidad un asentamiento irregular, más que tolerado, alentado por ambiciones económicas y políticas del alcalde y sus colaboradores, como veremos más adelante.

Y ante las acusaciones de deshonestidad, corrupción y cinismo municipal -claramente confirmadas a través de documentos que obran en poder de TRIBUNA-, el edil defendió su decisión a todas luces arbitraria de destruir el asentamiento y, como en anteriores conflictos, recurrió a la salida ramplona de pedir que se le presenten las pruebas de las acusaciones -como si actas, acuerdos y minutas firmadas por los invasores y los funcionarios cómplices no lo fueran-, para que la Contraloría Municipal intervenga.

Además, para cerrar el círculo de su férrea defensa a Manuel Angulo Solís, que se entiende es su propia protección, el alcalde panista miró la viga en el ojo ajeno al exigir la aprehensión inmediata de la dirigente tricolor, Esperanza Estrada Balán; se declaró decepcionado de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y amenazó con que, para realizar posteriores desalojos, solicitará el apoyo de la Policía Federal.

Si alguna duda había del manejo partidista de la invasión tolerada, bajo paga a Angulo Solís, y de su desalojo violento, esa doble conducta del empresario del lechón tostado lo confirma.

En el nuevo conflicto protagonizado por el Ayuntamiento panista lo primero que salta a la vista es que, como ya dijimos, en Siglo XXI hubo o hay una invasión tolerada por Carlos Ernesto Rosado Ruelas y, a decir de la dirigente vecinal tricolor, Esperanza Estrada Balán, y los documentos que posee TRIBUNA, alentada, previo pago, por Manuel Angulo Solís, que ha sido uno de los colaboradores más tenaces del presidente municipal en prenderle fuego amigo por varios lados.

Lo corroboran los hechos. Desde el 23 de septiembre del año pasado, el director de Atención y Participación Ciudadana, Manuel Angulo Solís, y el jefe de Atención y Orientación Ciudadana -zámpate este pibinal, mientras se cocina el otro-, Eduardo Ramón Virgilio Romero, se reunieron con los dirigentes vecinales y firmaron el Proyecto de Colaboración y Civilidad, y repartieron el pastel inmobiliario rústico ubicado en Siglo XXI: 50 lotes serían para familias representadas por Domínguez López, 12 a las afines a Estrada Balán y 11 a la albiceleste Can Uc. En total 73 partes.

El 10 de octubre del 2010, Angulo Solís y Virgilio Romero presentaron a los dirigentes de los presuntos beneficiarios de los terrenos, o para entonces paracaidistas en potencia, el Proyecto de Lotificación del polígono de Siglo XXI.

En esa reunión, y parece que fue la única, también estuvo presente Alberto Canul Cahuich en su calidad de experto a cargo del teodolito con geoposicionador satelital, o sea el topógrafo que se encargó de deslindar el predio y dividirlo con fines de uso habitacional, y tres dirigentes vecinales: los priístas, Jesús Alberto Domínguez López, de Minas, y Esperanza Estrada Balán, de Siglo XXI, y la panista Wendy Paola Can Uc.

Más de dos meses después, el 8 de diciembre, mientras el alcalde Rosado preparaba sus nupcias, Angulo y compañía y los líderes vecinales signaron el convenio de donación del polígono en cuestión, previo cumplimiento de tres directrices: donar los predios a familias sin patrimonio, no haber dolo ni mala fe entre las partes signantes, y someterse a las decisiones que estableciera la Comuna para el reparto.

Sin embargo, conforme el tiempo, la lotificación y el acuerdo de donación avanzaron, las cifras cambiaron, porque si originalmente se habló de 73, lotes, luego, cuando se dio el enfrentamiento entre la tricolor Estrada Balán y la blanquiazul Can Uc, salió a relucir que en realidad 95 familias serían beneficiadas con lotes de ocho por 20 metros cada uno -superficie tradicional en unidades habitacionales para gente de escasos recursos económicos.

Entonces, a fin de cuentas salieron a flote 22 lotes más. ¿Qué ocurrió? ¿Quién metió a los cachirules? ¿El enfrentamiento alentado de la Comuna entre priístas y panistas buscaba tender una columna de humo?

¿Acaso esto es lo que en realidad comenzó a complicar la situación hasta llevar al desalojo violento y arbitrario? Porque está claro que el enfermito se veía bien, hasta que se puso mal.

Para colmo, la dirigente de Siglo XXI, Esperanza Estrada Balán, y su gente, aseguran que Manuel Angulo Solís cobró a cada familia 10 mil pesos para ser beneficiada con un lote cada una, lo que representaría un ingreso irregular de casi un millón de pesos.

Angulo niega haber recibido el dinero y Estrada asegura que lo entregó, a petición de aquél, directamente a su segundo de a bordo, Eduardo Ramón Virgilio Romero, el mismo que estuvo presente en todos los momentos clave de la negociación e incluso durante el desalojo violento y arbitrario. Son dos juicios contrarios, que en evidente lógica uno es cierto y otro falso. ¿Por qué el alcalde Carlos Ernesto Rosado Ruelas se niega a averiguarlo, y carga sus dados para defender a ultranza a sus colaboradores acusados de corruptos?

Cierto, como lo apuntó esta semana Estrada Balán, todo indica que el panista Rosado y sus colaboradores son además mentirosos y cínicos.

Hay que hacer notar también que Angulo Solís al ser cuestionado por reporteros de la fuente municipal, aunque negó las reuniones con los dirigentes vecinales, documentadas por TRIBUNA, aseguró sin el menor empacho que sí sabía de la lista con los nombres de los beneficiados. ¡Recontraplop! ¿Y por qué lo tenía tan guardadito? ¿Por qué no se lo dijo antes al alcalde Rosado para que tuviera algo que ventilar durante sus conferencias de prensa?

Y si se enteró de la lista, ¿por qué no fue más listo y procedió a tiempo, junto con el edil, para impedir que la invasión y el conflicto crecieran en los últimos cuatro meses?

El panista Rosado Ruelas debería ser el más interesado en responder estas interrogantes, a menos claro que el tufo de corrupción que impregna la Dirección de Atención y Participación Ciudadana, haya subido también al principal despacho del segundo piso del ex cuartel militar de la calle 8.

Sólo así se entendería la defensa a ultranza de Rosado hacia Angulo, porque en caso de querer limpiar la cloaca municipal se tendría que comenzar por echar los trapitos sucios de arriba, para tener calidad moral de exigir limpieza abajo.

Algo más, el hecho de que el polígono de Siglo XXI en disputa sea propiedad de la Comuna, no faculta al alcalde Rosado, como tampoco a sus colaboradores, a llevar a cabo su donación sin permiso previo del Cabildo y, en su caso, del Congreso del Estado.

Por ello, tienen razón los cabildantes del PRI en la Comuna panista, entre ellos Yei Martínez Ortiz de Montellano, en exigir que el presidente municipal explique qué proceso, método o facultad legal utilizó para proceder a la lotificación y el acuerdo de donación sin que el asunto pasara por el tamiz de la Comisión de la Tenencia de la Tierra municipal.

Eso convierte en ridícula la cantaleta del edil cuando dice: "No se vale, en Campeche estamos acostumbrados a no respetar las leyes, a hablar por hablar y dejar ¡con daño moral! -los signos de admiración son nuestros- las direcciones en donde tratamos de hacer las cosas por Campeche".

Claro que no se vale, pero se hace, y Rosado Ruelas es prueba viviente y contumaz de esa vocación permanente por la ilegalidad. Primero alentó la invasión, luego acordó donar el polígono sin permiso del Cabildo y mucho menos del Congreso del Estado, y finalmente volvió a violar la ley al adjudicarse facultades que no tiene y decidir recuperar el predio de manera violenta.

Debemos señalar además que es admirable el nivel de ignorancia o estupidez del alcalde, pues hace más de dos meses, para ser más exactos el 12 de diciembre del año pasado, el procurador general de Justicia del Estado, reabrió el caso de San Antonio Ebulá, en el cual la Constructora Escalante, al igual que ahora el Ayuntamiento, decidió hacerse justicia, contrató golpeadores, y desalojó y destruyó las viviendas de los pobladores de ese terreno. Si ves las barbas del vecino cortar, ¿no debes poner las tuyas a remojar?

Por eso el Ayuntamiento no debió optar por la vía del desalojo, haciéndose justicia por propia mano, sino por la del diálogo y convencimiento primero, y luego por la vía legal, a fin de que la autoridad judicial interviniera en el caso y procediera a ordenar su desalojo, incluso con el uso de la fuerza pública, para restituir el polígono a la Comuna.

NOMBRAMIENTOS, PERO NO CAMBIOS EN EL GABINETE

El miércoles de esta semana, niños de preescolar y jovencitas de la Escuela Secundaria número 20 de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, en el Municipio de Champotón, acompañados por sus maestros, recibieron al gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés, con una lluvia de confeti, vivas y piñatas en ocasión de ajustar 53 años de vida.

Acompañado por su esposa, Adriana Hernández Hoffman, colaboradores y asistentes, ese día el mandatario inició en esa comunidad una gira de trabajo, y se topó con el entusiasta recibimiento. Cuando fue invitado a romper los cantaritos de colores rojo, verde y blanco, compartió el honor con una mujer del lugar, María Adela Balán Can, quien no dudó en llamarlo Nohoch Kin -rey sol, en maya- "porque con su energía y buen corazón alumbra el Estado", según dijo.

Alguien entre sus acompañantes corrigió entre risas: "Purux Nohoch Kin", en referencia a como popularmente fue llamado Ortega Bernés cuando estuvo en campaña.

Así, mientras el Ejecutivo celebraba su cumpleaños, trabajando, en los corrillos públicos de San Francisco de Campeche se concluía que los nombramientos que expidió 24 horas antes, no constituyeron realmente una reestructuración de su gabinete.

Fue más un reacomodo de funcionarios que una sustitución de servidores públicos, con el deseo de saldar compromisos políticos surgidos durante la pasada campaña político electoral, en su mayoría familiares de colaboradores cercanos al gobernador.

Considerado por algunos como la primera oleada de reestructuración gubernamental, y por otros como un pase de escoba que no pasó del primer piso, no se cumplió la expectativa de sustitución de algunos secretarios del gabinete estatal, por lo que las voces en ese sentido se siguen escuchando.

En efecto, el gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés dio luz verde a 25 nuevos nombramientos de personal en tres secretarías: Administración e Innovación Gubernamental, Desarrollo Rural y Educación, cuyos titulares son Edgar Hernández Hernández, Everardo Aceves Navarro y Francisco Domingo Ortíz Betancourt.

De ese total de nombramientos entregados el pasado martes por el secretario de Gobierno, Wílliam Roberto Sarmiento Villacís, sólo uno correspondió a un secretario técnico, tres a subsecretarios, 11 a directores municipales y el resto a jefes de servicios y de departamento.

Así, en Administración e Innovación Gubernamental sólo hubo un nombramiento, el de María Luisa Sahagún Arcila, como subsecretaria de Administración, en sustitución de Rocío Cruz Carrillo, que a su vez pasó con el mismo cargo a Desarrollo Rural, para suplir a Gladys Chan Talango.

El mayor número de nombramientos se dio en Desarrollo Rural, con la designación de Cruz Carrillo, en Administración; Humberto Cahuich Jesús, como secretario técnico; Julio Sansores Sansores, coordinador general de Direcciones Municipales, el cambio de siete de éstos últimos y la ratificación de cuatro.

En Educación se registraron nueve nombramientos: Jorge Osomo Magaña, subsecretario de Educación Básica; Adda Luz Ferrer González, jefa de Servicios Regionales en Ciudad del Carmen; José Olegarío Villacís Alvarado, Departamento de Educación Física, y otros seis servidores de similar nivel.

Sin embargo, no son pocas las opiniones en tomo a que se debieron realizar algunos cambios entre los secretarios de su gabinete. De nada sirve cambiar a todos los directores de Educación y Desarrollo Rural, si el que está de titular dando órdenes ya debería estar jubilado.

En Educación y Desarrollo Rural hay muchas quejas en contra de Francisco Domingo Ortiz Betancourt y Everardo Aceves Navarro, precisamente porque mientras los directores de abajo quieren correr, ellos apenas pueden caminar. Necesitan la ayuda de un bastón. Es como tener un cuerpo sano excepto por la cabeza. Se está en estado vegetativo.