COLUMNAS DE OPINION ESPEDIENTE DE MAPACHES ELECTORALES A ÁRBITRO CIUDADANIZADO En el pasado reciente, las elecciones en el país se ganaban en las urnas y se ratificaban y defendían en los colegios electorales, que por lo común eran acusados por los partidos de oposición, particularmente Acción Nacional, de estar integrados por personas que al mismo tiempo formaban parte del Gobierno o estaban vinculadas con él. Y también en esas décadas del priísmo gobernante, aunque los partidos opositores al tricolor acusaban invariablemente la operación de alquimistas electorales, muchas veces esos personajes, al menos en los comicios estatales, en realidad se encargaban no tanto de maquillar las cifras, sino de preparar a sus estructuras en las casillas para hacer valer los votos a favor de su partido. También, los llamados mapaches electorales se aseguraban de que los representantes priístas en las casillas conocieran al dedillo la ley en materia electoral, lo que los capacitaba para invalidar, desde la propia casilla, los sufragios que fueran contrarios y que de alguna manera cayeran en alguna de las prohibiciones del marco jurídico. Eran, esos, los tiempos en que el PRI por diversos motivos -varios de ellos arraigados en la evolución histórica de México como nación independiente y soberana, así como en la percepción ciudadana de que el tricolor era el ícono de esas etapas-, y la ausencia de verdadera competencia partidista, tenía de su lado casi garantizada la preferencia electoral de la ciudadanía. Además, si el PRI fue durante mucho tiempo una aplanadora en las urnas, esto obedecía también a que contaba con la fuerza innegable de sus tres sectores fundamentales, el popular, el obrero y el campesino, que le redituaban no sólo votos corporativos sino la red humana que se encargaba de promoverlos antes y durante las elecciones, y de documentarlos, contarlos y defenderlos ante los opositores en cada casilla. Por ello, a pesar de las reformas legales promovidas en su momento por los propios gobiernos priístas -ya en manos de los tecnócratas- con el fin de abrir la participación de otras fuerzas políticas ajenas al PRI, poco o nada podían hacer los opositores luego de que los votos eran computados en las casillas y ratificados en los organismos, electorales. Sin embargo, conforme el tiempo avanzo hacia finales del pasado siglo, las instancias encargadas del proceso comicial se ciudadanizaron, los partidos los dotaron lo mismo de autonomía, que de una serie de privilegios económicos insultantes, que los convirtieron en feudos de notables cada vez más alzados, voraces y corruptos, a costa del bolsillo de los ciudadanos a los que dicen representar y defender. Ya en fechas más recientes, con una autoridad electoral ciudadanizada, pero inefectiva y abusiva, se trastocó de nuevo el marco jurídico para darle al Tribunal Federal en la materia, la facultad de decidir por encima del voto depositado en las urnas y sancionado por el árbitro original de los comicios. De este modo se ha llegado al punto en que el voto ciudadano ya no define quién o quiénes deben ocupar los cargos públicos, como tampoco el árbitro de los comicios, porque por encima del sufragio y su revisión, la autoridad judicial tiene la última palabra e incluso ir diametralmente en contra del órgano ciudadanizado. Más claro, si el Instituto Electoral Federal, y sus homólogos estatales, están en teoría en manos de los ciudadanos, el Tribunal Electoral Federal y los de las entidades de la República dependen directamente de los poderes en turno, es decir tienen una dependencia innegable del Presidente y de los gobernadores, que influyen en los nombramientos de ministros y jueces, no sólo a través de presentar las ternas para ello, sino de manipular a quienes finalmente con su "voto" confirman la decisión tomada desde los poderes ejecutivos. No puede ser de otro modo, cuando de los tres poderes que a nivel federal y estatal integran el Gobierno, sólo dos, el Ejecutivo y el Legislativo pasan por el análisis y el sufragio de la ciudadanía, porque los integrantes del Judicial siguen siendo nombrados a propuesta del Presidente y los gobernadores en turno, y es a ellos a quienes deben lealtad, si es que quieren conservar sus posiciones, y sus propios privilegios. CAMBIO DE CONSEJEROS DEL IEEC; PASION Y DESLEALTAD Por todo lo anterior, la renovación de los consejos electorales despierta pasiones y luchas al interior de los poderes, mueve los hilos depresión de los hombres y las mujeres del capital económico, calienta las aspiraciones de muchos, llama la atención del común de los mortales, marca rumbos posibles sobre próximos comicios y desnuda lealtades y deslealtades. De ahí que en esta primera semana de enero, el tema d~ mayor interés político en la entidad haya sido la integración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), que finalmente decidió ayer sábado la LX Legislatura del Congreso reunida en sesión extraordinaria, mediante consenso y en propuesta única, para que el martes 11 inicien funciones. Cuando se redactaba esta columna, aún se desconocían los nombres de los 14 nuevos consejeros electorales, incluidos siete propietarios y sus respectivos suplentes, como también el de los 40 ciudadanos que originalmente fueron propuestos como aspirantes al cargo, y aunque el pastor de la fracción legislativa del PAN, Luis Calderón Barrera, anunció que antes de la sesión de ayer sábado haría pública su propuesta, es casi seguro que no se conozca oficialmente la lista total. El interés por el tema subió de tono el pasado miércoles a pesar del hermetismo de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y Panal, sobre las temas que propondrían, y el planteamiento aislado, y parece que informal, del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCEC), Rogelio Hoil Canul, quien mencionó al presidente del Colegio de Contadores Públicos, Manuel Jesús Palomo Escalante; al ex representante empresarial, Mario Alcocer Bernés, y al ex presidente del Colegio de Arquitectos, Mario Castillo Quintal. También el miércoles, el diputado priísta Carlos Arjona Gutiérrez reveló que en la lista que evaluaba su fracción había unos 20 aspirantes a consejeros, y el jueves el "padrón de las esperanzas" creció a 40, según lo aseveró el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Víctor Manuel Méndez Lanz. El pastor de los tres mosqueteros del Partido Nueva Alianza, Enrique Ku Herrera, sin mayor ánimo dijo que cada fracción podría presentar una propuesta de 14 aspirantes, pero advirtió que la decisión resultaría de la negociación interna, deslizando lo que el jueves confirmaría Méndez Lanz, la propuesta única consensuada. Eso evitó que los padres conscriptos sufrieran un verdadero dolor de cabeza en su sesión extraordinaria del sábado, y además en público, porque para elegir a los siete consejeros propietarios del IEEC -de entre los que salió su presidente- y sus respectivos suplentes, las dos fracciones mayoritarias, el PAN y el PRI, por sí solas no reunían los 26 votos necesarios para aprobarlos. De acuerdo con la ley electoral estatal, para elegir a cada consejero se requerían los votos favorables de las tres cuartas partes del total de 35 diputados locales, es decir 26. Sin embargo, la fracción más numerosa, del PRI, sólo cuenta con 17 legisladores, y le sigue el PAN con 14. Por lo tanto, sin propuesta única, ambos grupos se habrían visto obligados a aliarse con las minorías del Panal, con tres diputados, y el único del PVEM. Y aún así no les hubiera sido legalmente suficiente para definir ni siquiera un sólo consejero, por lo que tendrían que haberse socavado uno al otro. Así, en el caso hipotético de que el PRI o el PAN hubieran logrado sumar a su respectiva causa los cuatro votos del Panal y PVEM, hubieran tenido que convencer a otros de sus contrarios más acérrimos: el tricolor a cinco panistas -posiblemente la "subfracción de la depuesta, María Asunción Caballero May-, y el albiazul nada menos que a ocho priístas, lo que hubiera estado no en chino, sino en sánscrito académico. Claro, una lucha así habría arrojado un saldo de deslealtades imprevisibles, por lo que los legisladores no tuvieron otra más que consensuar en lo oscurito, para presentar una propuesta única. Sin embargo, se colige que se impuso la fuerza representativa del PRI en el Congreso por encima de los intereses del PAN, independientemente de que los perfiles de los 14 consejeros aprobados sean o no los más adecuados de entre los 40 que aspiraron al cargo, y de que conforme inicie y avance la preparación del proceso electoral del 2012 sepamos si van a servir a intereses partidistas, o harán lo contrario para privilegiar los de la ciudadanía que pagará sus sueldos de entre 75 mil y 90 mil pesos mensuales. TENENCIA YUCATECA TENDRA REPERCUSIONES EN CAMPECHE Independientemente de las repercusiones económicas que tendrá para la Península la derogación del pago de la Tenencia en Yucatán, a los vehículos con costos menores a 300 mil pesos, es claro que esa determinación de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco (secundada unos días después por el mandatario tabasqueño Andrés Granier), también tendrá sus secuelas políticas, sobre todo porque se demostró que sí es posible seguir cobrando ese impuesto, sin afectar a los sectores económicamente más desprotegidos. En Campeche, qué curioso, la determinación fue a la inversa: incluir como contribuyentes de ese gravamen a los vehículos de más de 300 mil pesos, principalmente a las Pick up, que algunos -muy pocos ya utilizan como herramienta de trabajo, principalmente en labores agropecuarias, pero que en la realidad se había convertido en un vehículo de lujo. Cierto también que con la determinación de Ivonne Ortega se ha despojado a los panistas yucatecos de lo que ha sido uno de sus principales gritos de batalla en tiempos electorales: la desaparición o derogación del Impuesto a la Tenencia Vehicular, aunque, paradójica y astutamente, se olvidan de esos pregones en las entidades que gobiernan. O sucede que, como el caso del desorientado presidente municipal panista de Campeche, Carlos Ernesto Rosado Ruelas, catalogue la decisión de Ortega Pacheco como "meramente" populista", sin recordar que esa demanda la venían encabezando de manera hipócrita los legisladores locales de su partido, hasta el día que la "cartita a Santa Clos", los evidenció como auténticos simuladores. "Todo sea por guardar las formas", Marichonita dixit. Lo verdaderamente chistoso es que Rosado Ruelas acuse a la gobernadora yucateca de actuar con populismo, en una decisión políticamente correcta, aunque económicamente riesgosa para las finanzas públicas, no así para la economía de la clase media, cuando él mismo se dedicaba a actos populistas e improductivos, como andar volanteando en las calles para "invitar" a la gente a que acuda a pagar el Impuesto Predial, el agua potable y el nuevo tributo a la basura. Ya veremos ,a Rosado Ruelas en febrero, presumiendo que "gracias a su volanteo" en calles y avenidas de la ciudad se logró "una recaudación récord" en esos gravámenes, pese a que en las fotografías e imágenes de todos los medios de información, pudo apreciarse desde el primer día hábil del año que los ciudadanos acudieron libre y voluntariamente a las cajas de los recaudamóviles a cumplir con esas obligaciones tributarias por dos razones: para aprovechar los descuentos y las promociones, y para utilizar el "guardadito" del aguinaldo, antes de que se agrave la cuesta de enero. Por lo pronto, vale reiterarlo: la decisión de Ortega Pacheco en Yucatán va a repercutir necesariamente en Quintana Roo y Campeche, pues como señalamos párrafos arriba, el tabasqueño Andrés Granier no quiso quedarse atrás. Tal vez no ahora, pues los vehículos emplacados aquí tendrán que cubrir la Tenencia este año, pero seguramente que habrá mucho ruido en noviembre y diciembre próximos, cuando se discuta la nueva Ley de Ingresos del Estado, y los grupos ciudadanos exijan una medida similar a la yucateca en territorio campechano, antes que, por quiebra, todas las agencias de automóviles tengan que trasladarse a Yucatán para poder vender algunas unidades. PROTESTAS DE LOS CAMIONEROS NO TENDRAN RESPALDO POPULAR La paga ideal para que los camioneros dejen de presionar al Gobierno del Estado y renuncien al subsidio que reciben mensualmente, es de 10 pesos para adultos, reveló el presidente del Consejo de Administración de la empresa Servicio de Transporte Jardines, Ramón Baltazar Sosa Bautista, el mismo día en que el director estatal de Autotransporte, José Antonio Rodríguez y Rodríguez, sostuvo que aunque brinquen y pataleen los concesionarios, las tarifas se quedan como están. Los primeros, es decir, los camioneros, sacaron la garra y se lanzaron de inmediato sobre los bolsillos de las clases populares y medias de Campeche -las que no se mueven en vehículos propios- y pretenden, disfrazados de blancas ovejitas, que la comunidad los respalde en su exigencia de dejarlos cada día más pobres. "Tontos son aquellos -repite incansablemente Andrés Manuel López Obrador- que creen que el pueblo es tonto". Tal vez Sosa Bautista ignore que los 10 pesos que reclama como "tarifa ideal" para que los camioneros conserven sus privilegios económicos, equivalen a casi el 20 por ciento del salario mínimo que se percibe en Campeche, y que los ingresos pecuniarios de más del 90 por ciento de los usuarios del servicio de transporte colectivo de la ciudad, rondan por esa cifra diaria. Así que, o se suben a los camiones y hacen más ricos a los concesionarios, o se compran medio kilo de tortillas. Seguramente que Sosa Bautista desconoce estos datos, pues nunca ha percibido un salario mínimo, ni ha sufrido las penurias de las familias que dependen exclusivamente de ese ingreso. Por eso, y sólo por eso, no debe sentirse con derecho a asegurar que "no se afectará la economía" de las clases más desprotegidas. Y tampoco pueden los concesionarios del transporte urbano esperar que los Campechanos de a pie se pongan a favor de la exigencia de un incremento desproporcionado a las tarifas, como el que pretende Sosa Bautista, dirigente de la empresa camionera que, por cierto, cuenta con la flotilla en peor estado, la que tiene a los operadores más groseros y la que aún cree que calles y avenidas de nuestra capital son pistas de carreritas. Tal vez tengan razón los concesionarios en su molestia por el encarecimiento frecuente de energéticos y combustibles. Lo que no deben pasar por alto es que esas alzas nos afectan a todos, no sólo a ellos, y que así como la gran mayoría de los ciudadanos tenemos que hacer milagros económicos para sortear la crisis, ellos también deberán implementar medidas de austeridad y de eficiencia administrativa, para conservar sus vehículos, saldar sus deudas y preservar las fuentes de empleo que generan. Saben muy bien los camioneros que su cantaleta-advertencia dé que "no hay servicio más caro que el que no se tiene", carece de efectividad ante las instancias gubernamentales, pues si por alguna razón se niegan a prestar el servicio, la propia legislación establece las sanciones a aplicar, que podría llegar a la cancelación de sus concesiones. Y nadie ignora que hay muchos, muchísimos ciudadanos que desean ingresar al servicio del transporte urbano, por si los actuales desean salirse "porque ya no es redituable". Nadie debe olvidar tampoco que la sociedad campechana o las finanzas públicas, como se quiera ver no recibió un sólo peso por las concesiones que detentan los empresarios del ramo. Quienes se llevaron las maletas repletas de dinero para ceder derechos o ampliar su número de socios fueron los dirigentes, es decir, esos mismos que desde las mesas de lujosos cafés declaran a diestra y siniestra que la situación de sus empresas ya es "insostenible". Lo que deberían explicar es qué hicieron con el dinero que recaudaron por la entrega de las concesiones, que ellos reciben gratuitamente del Gobierno del Estado. En fin, que aún dará de qué hablar este asunto, aunque de entrada, habrá que concederle la razón a las autoridades estatales en su decisión de no ajustar las tarifas, pues ya bastante dañada está la economía popular, como para seguirle echando más leña al fuego. ¿PAIS EN CRECIMIENTO Y SEGURO? ¿FC EN CAMPAÑA? Por donde se le busque, las expectativas de analistas, periodistas, comunicadores, consultores, etc., para este año, que apenas lleva nueve días de iniciado, son negativas; incluso las predicciones de, brujos, chamanes, tarotistas, adivinos, aurigas, mediums y otros seres que están acá, pero que dicen observar el más allá, avizoran nubarrones de todo tipo, especialmente en el renglón económico. Y en ese ,mismo sentido coinciden las opiniones de quienes, en su mayoría sin poseer títulos de licenciaturas, maestrías y doctorados, son las verdaderas expertas en economía, las madres de familia, que permanentemente conocen precios y tarifas de bienes y servicios, y además saben cuánto cuesta -es decir lo difícil que resulta- realizar esos desembolsos. Hay, sin embargo, una excepción: la del Presidente panista Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, cuya visión es diametralmente opuesta al diluvio que el resto de los mortales vemos cernirse sobre nuestras cabezas. Sabemos que el "principal activo" del PAN, como titular del Ejecutivo Federal, posee el privilegio de despachar y aposentarse, junto con su consorte y sus hijos, en la residencia oficial de Los Pinos, pero a juzgar por sus expresiones públicas, por sus mensajes a tirios y troyanos, cabría sospechar que vive en la luna o en alguna otra parte distinta al México, agobiado por la falta de empleo, de oportunidades de desarrollo, de miseria en el Campo y de inseguridad, que se padece especialmente en el Centro y Norte del país. Al pronunciar su primer discurso "urbit et orbi" del primer día del 2011, Calderón volvió al camino andado, o sea al tema insignia de su administración, la guerra declarada por él contra la delincuencia organizada, para asegurar que este año -ahora sí- se limpiará al país de las -bandas criminales y de la corrupción, para construir un México seguro y donde se viva sin temor. "Todos sabemos que es necesario limpiar a México de la inseguridad, la impunidad y la corrupción", expresó en cadena televisiva y radiofónica nacional. Es cierto, lo sabemos. Ese no es el problema, sino que la lucha calderonista contra los enemigos de la ley no se ha traducido en mayor seguridad pública, sino en más inseguridad y temor, pues -sólo por citar un testimonio- horas después del optimista mensaje presidencial, el analista José Antonio Crespo aseveró que las instituciones judiciales carecen de solidez y eficacia, por lo que el país está inmerso en una cadena de impunidad. En su columna "Horizonte político", que TRIBUNA pública en Campeche, Crespo recordó que al finalizar el año 2009, Felipe Calderón, también en cadena nacional, lo calificó como "el año en que vivimos en peligro", dando a entender que 2010 sería distinto, que se recuperaría la seguridad pública. Sin embargo, las opiniones contrariaban los anuncios presidenciales alegres, y Crespo escribió que desafortunadamente no sólo 2009, sino, todo el actual sexenio debía considerarse que viviríamos en peligro. Por ello, el pasado martes el analista y politólogo retornó el tema y señaló que en 2010 se contabilizaron 13 mil muertes en la lucha contra la delincuencia organizada, casi la mitad de las 30 mil en la administración calderonista, y cuatro mil más que las nueve mil registradas durante todo el sexenio del también panista Vicente Fox Quesada. ¿Cómo entonces creer en el anuncio de que en 2011 se limpiará al país de las bandas criminales y de la corrupción? No lo explicó Calderón. En cambio, el investigador universitario Edgardo Buscaglia, especializado en el tema, dio a conocer esta misma semana desde el extranjero, que los cárteles mexicanos han trascendido nuestras fronteras continentales y a través de empresas fantasmas, y en colaboración con la mafias rusa y china, adquieren drogas en Afganistán y la India para introducirla a Estados Unidos. No se trata de que los capos estén viajando a esos países para realizar sus operaciones, sino de que desde aquí operan sus enlaces internacionales mediante compañías de "outsoursing". No se observan entonces posibilidades de que la promesa de vísperas de fin de sexenio de Felipe Calderón puedan cumplirse este año recién desempacado. Todo indica que se trata de una intención que no concretará, como ocurrió con aquello de ser el presidente del empleo, y reducir los costos de los energéticos y la energía eléctrica. No es novedad que la lucha contra la delincuencia organizada es la acción insignia de Calderón, y que por ello al iniciar este año envió un mensaje que sólo busca reforzarla en la opinión pública, pero que por estar tan alejada de la realidad, cae por su propio peso. El Presidente panista dejó en la cola de su mensaje el tema de la economía, aunque lo abordó también desde una visión irreal y engañosa. "Precisó" don Felipe que, en cuestiones económicas "estamos en las mejores condiciones para que el 2011 sea un año de realizaciones... Estamos en la senda del crecimiento, que traerá inversiones y generará empleos". De corrido y sin pestañear, anunció que seguirá apoyando los proyectos de los mexicanos y los exhortó a cristalizar todas sus metas en este año nuevo, que en opinión de los aguafiestas tal vez no sea un nuevo año, sino uno parecido en problemas, necesidades, retrocesos, carencias y víctimas colaterales al 2009 y al 2010, o piorcito. Total, ya se dijo, qué tanto es tantito. Claro, el Ejecutivo Federal no explicó el cómo ni el cuándo. Dejó en el limbo la manera en que su administración apoyará los proyectos, no dijo qué tipo de ellos, y mucho menos en qué momento. Peor aún cuando se recuerda que en el presupuesto de Egresos para 2011 redujo tres mil millones de pesos a las actividades del campo, según lo denunció en su momento el entonces dirigente de la Confederación Nacional Campesina, el legislador federal, Cruz López Aguilar. La realidad que vimos los mexicanos y que se advierte todos los días en los bolsillos menguados de los jefes y las jefas de familia y en las mesas de los hogares, contraría las aseveraciones de Calderón.