Aproximadamente el 40% del presupuesto nacional proviene de la venta de petróleo crudo. Si permitimos que se entregue a particulares la renta petrolera, a través de contratos anticonstitucionales, estaremos solapando un asesinato más en el país, el de PEMEX.

Hace apenas unos días, el Ing. Javier Jiménez Espriú, quien por su trayectoria es de los profesionistas que más conoce sobre nuestra industria petrolera, explicó la pésima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al negarse a aceptar una controversia constitucional, presentada por algunos legisladores y presidentes municipales de Tabasco, contra los contratos que PEMEX acaba de entregar a empresas particulares, nacionales y extranjeras, en el sureste.

Según la SCJN los legisladores no tienen "interés legítimo" para plantear dicha controversia. La pregunta es, ¿quién demonios tiene entonces "interés legítimo" si el petróleo pertenece a TODOS los mexicanos y no a los que hoy se encuentran, desgraciadamente, al frente de las instituciones.

Dijo Jiménez Espriú con justa razón que en ningún momento la Suprema Corte entró al fondo del problema, pues no se discutió si los contratos son o no constitucionales, sino el derecho de quienes presentaban la controversia para defender los intereses de la nación, que les fue negado.

Mientras se está asesinando a PEMEX, la Suprema Corte se entretiene discutiendo si quienes están viendo el asesinato pueden o no, jurídicamente, señalar el homicidio.



¿Quién entonces y cómo, puede o podemos, parar el atentado?

Si la Suprema Corte es la única instancia para interpretar la Constitución y en este caso para señalar la constitucionalidad o no de los contratos, nos podrían decir los señores ministros ¿quién tiene derecho a pedirles que lo hagan?

Jiménez Espriú también explicó que la actitud de la SCJN está resultando el escudo infranqueable para la impunidad. Un grupo de señores incrustados en el consejo de administración de Petróleos Mexicanos se sirven con la cuchara grande de los contratos y reparten, además, parte de la renta petrolera que corresponde a la nación, abusando de que una Ley secundaria los faculta para diseñar los contratos, pero ignorando los límites que la Ley Suprema establece. En este caso, si la Suprema Corte calla, otorga.

La Suprema Corte puede aparentar que está tranquila porque cumplió con las instrucciones de sus jefes: los dueños del poder y del dinero.

Ante esta falsedad, es necesario que la población entera sepa que la Suprema Corte en vez de ser garante del estado de derecho, viola la Ley Suprema.

Es una pena que los medios no alineados a la derecha omitan también tocar el tema del asesinato a PEMEX, por llenar sus páginas con los otros miles de asesinatos que se cometen en el país por las mismas razones: violación a las leyes por parte de quienes deberían hacerlas cumplir, y mantenimiento de la corrupción y la impunidad de pequeños grupos que se niegan a perder privilegios.

También es una pena que todo lo que anunció Andrés Manuel López Obrador que ocurriría si se permitía la imposición de un gobierno espurio, esté sucediendo.

A la mancha de un fraude, que no se borra ni con toda el agua de los océanos, habrá que agregar la mancha de sangre que tampoco se borrará con toda el agua de los océanos.

Quienes hoy están solapando con su silencio cómplice el asesinato de PEMEX, no sólo cargarán con una culpa sino con su contribución al hundimiento de un país que merece otro destino.

No nos llamen necios ni obcecados a quienes seguimos apostando al cambio que necesita México, que sólo puede surgir, como bien dice Andrés Manuel López Obrador, de una insurgencia cívica pacífica de una revolución de las conciencias.